Google batallará con la Agencia Española de Protección de Datos el martes ante el máximo tribunal europeo, en un caso simbólico con implicaciones globales que plantea una de las cuestiones más espinosas de la era de Internet
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) celebrará una audiencia pública para conocer las posturas de Google, España y otros países comunitarios sobre el derecho al olvido, en un proceso que podría aclarar cómo aplicar la normativa de protección de datos a buscadores de internet. Esa citación se produce después de que la Audiencia Nacional española elevara al TJUE una cuestión prejudicial para saber
como se debe aplicar la normativa del derecho al olvido en los buscadores de internet.
Por primera vez, Google se verá obligada a responder ante 15 jueces del alto tribunal sobre el llamado derecho al olvido, la capacidad de una persona para que los grandes buscadores de Internet preserven su privacidad e impidan la difusión de informaciones publicadas en páginas web que no tengan relevancia ni interés público y pueden resultan dañinas para su dignidad personal. Este caso tiene un alcance tan relevante como global ya que se trata de delimitar los márgenes de la privacidad en la era de Internet. Reabre también el eterno debate sobre la libertad de información y la protección de datos.
El alto tribunal europeo tiene como objetivo examinar los nueve interrogantes que le trasladó la Audiencia Nacional hace un año, después del juicio que sentó a Google y a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en el banquillo. Las cuestiones prejudiciales planteaban si el gigante estadounidense de Internet está sometido a la normativa española (y europea) sobre protección de datos, si es responsable de las eventuales lesiones que la difusión de información personal puede causar a los ciudadanos y si estos pueden ejercitar sus derechos ante el organismo regulador y ante los jueces españoles o si tienen que acudir a los tribunales de EE UU.
Google ha recurrido en reiteradas ocasiones a la Audiencia Nacional, después de que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) le instara a retirar la indexación de determinados contenidos por considerar que ésta genera perjuicios muy graves a los ciudadanos afectados. La compañía del buscador se ha negado a quitar esos enlaces, al pensar que es un "problema de libertad de expresión", indican fuentes de Google, y estimar que no debe ser el buscador quien controle la información que circula en internet, sino las fuentes del origen de la misma.
La Agencia ha sostenido que sus peticiones pretenden limitar la indexación y la difusión universal y masiva de informaciones que generan una lesión a un ciudadano.
"Cuando existe una prevalencia de la libertad de expresión, cuando la información está vigente, nosotros nunca pedimos la eliminación en el medio de comunicación; por eso, no estamos de acuerdo con que se hable de censura", han explicado por su parte fuentes de la AEPD.
Google ha recurrido a la Audiencia Nacional las diferentes resoluciones en las que la AEPD le solicitaba la retirada de enlaces.
El tribunal español elevó la cuestión al TJUE para determinar cómo interpretar la ley local de protección de datos y cómo debe actuar en estos casos.
En esa cuestión ha elegido, como caso paradigmático, la reclamación de un ciudadano que encontraba en Google el enlace a una página de 'La Vanguardia' que contiene el anuncio de la subasta de un inmueble de su titularidad por impago, publicado hace años.
La AEPD pidió a Google que retirara de su índice los datos del ciudadano asociados al citado anuncio, a lo que el buscador se negó llevando el asunto a la Audiencia Nacional, que ahora a su vez pide ayuda al TJUE.
La AEPD ha explicado que el pronunciamiento del TJUE debería aclarar cómo deberían aplicarse los preceptos de la directiva europea en relación a los buscadores de internet, lo que podría esclarecer la interpretación que deben hacer de esos preceptos todos los estados miembros de la UE, no sólo España.
Además, ha indicado que espera que el Tribunal de Justicia decida si Google está sometido a las normativas europea y española de protección de datos, "si es responsable de las eventuales lesiones que la difusión de información personal puede causar a los ciudadanos" y si éstos pueden ejercitar sus derechos ante la AEPD y ante los tribunales españoles o han de acudir a los de EEUU.
El asunto ante el Tribunal Europeo de Justicia se ha reducido a esta difícil pregunta tras la que yace un complejo argumento sobre la libertad de información y el derecho a la protección de datos: si una persona no paga sus contribuciones a la Seguridad Social y su casa es subastada como consecuencia ¿tiene derecho a pedir a Google que borre de los resultados de búsqueda dicha información dañina? ¿Cuándo es una información realmente privada?